Algunos meses atrás, Bolivia era un infierno. El país corría riesgo de sufrir una guerra civil, de quedarse aislado del mundo, de entrar en una crisis institucional sin precedentes y otras decenas de desvaríos auspiciadas por los grandes medios de comunicación, fervientes opositores al gobierno de Evo Morales y representantes de la derecha más recalcitrante de Bolivia.
Los ánimos se calmaron hace dos semanas, cuando el presidente de Bolivia logró el acuerdo con las petroleras, en el marco del proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Asimismo, la refundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las medidas para poner fin a los graves conflictos entre cooperativistas y sindicalizados en Huanuni, rompieron con el marco de tensión que se intentaba imponer desde algunos sectores. De hecho, la verdadera demostración de gestión del presidente Morales, mereció el elogio de la oposición, obligada por los hechos a saludar las medidas.

Pero el idilio no podía durar demasiado. El fin de semana pasado dirigentes de seis de los nueve departamentos bolivianos anunciaron que romperán el diálogo con el gobierno nacional. Se trata de las provincias de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Pando y Beni, opositoras al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En este caso se renuevan las excusas, pero no el trasfondo de la cuestión: ante cualquier avance del gobierno de Morales, que ponga en peligro la concentración de poder que históricamente ha tenido la derecha en Bolivia, aparecen las amenazas.

Son tres los puntos cruciales por los que los seis estados opositores pretenden cortar las relaciones con el gobierno.

El primero de ellos es el anteproyecto de Ley de Fiscalización a los Prefectos, que el presidente Morales entregó este lunes a su vicepresidente, Alvaro García, para que se trate en el Congreso Nacional. La norma está orientada a la fiscalización de las autoridades departamentales, y pretende controlar a los funcionarios y sus gestiones, sobre todo en materia económica. Según el Presidente, el proyecto se debe a que con la nacionalización de los hidrocarburos ha aumentado los ingresos en los departamentos, y debe controlarse que sean bien administrados.

Los sectores opositores argumentan que esta ley forma parte de un plan de gobierno para deshacerse de los prefectos, y con todo aquel que no pertenezca al MAS. Sin embargo, se olvidan que, tal cual lo declaró el presidente Evo Morales, “las prefecturas siguen siendo parte de la estructura del Poder Ejecutivo”, y deben estar sujetas al control de la sociedad.

Hay que recordar que la Constitución en vigencia faculta al presidente a designar a los prefectos, que son sus representantes en las regiones. En enero de 2005 y luego de concentraciones en Santa Cruz de la Sierra, el ex presidente Carlos Mesa emitió un decreto en el que llamaba a la elección de prefectos por voto directo y que comprometía al presidente a aceptar la voluntad popular. Pero esto no determinó de ninguna manera una división entre el Ejecutivo y los departamentos.

Volviendo al proyecto de ley, el asunto más conflictivo es la potestad que tendría el gobierno para censurar a los prefectos, esto es obligarlos a presentar su renuncia al presidente en caso de determinarse algún tipo de administración fraudulenta. Pero en cualquier caso, como explicó el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, “la censura a la labor de los prefectos se realizará a través de las cámaras de diputados y senadores a simple iniciativa de los legisladores o los consejos departamentales”, lo que garantiza que las medidas no serán de ninguna manera arbitrarias.

El segundo punto criticado por los sectores opositores al gobierno de Morales es la aprobación del artículo 71 del reglamento de Asamblea Constituyente, referido al sistema de votación para la aprobación del texto constitucional. El mismo determina que todos los puntos serán aprobados por mayoría absoluta, y sólo el texto final necesitará de dos tercios de los votos de los constituyentes.

Este es un tema que desde que comenzó la Constituyente encendió a la derecha opositora, que defiende la postura de que todos los artículos deben aprobarse por dos tercios de los votos, frente a la voluntad del MAS de que los artículos se aprueben por la mitad más uno, mayoría que tiene garantizada dentro de la Asamblea.

La oposición continúa argumentando que se trata de una medida autoritaria, pero no considera que el documento final tendría que ser aprobado por dos tercios de los constituyentes, y finalmente sería convocado un referéndum para que sea el pueblo boliviano el que ratifique o rectifique la nueva constitución de Bolivia.

En este caso, la respuesta de los seis estados no sólo fue romper el diálogo con el gobierno, sino que agregaron amenazas con cortes de rutas, presentaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA), huelgas de hambre y reuniones para “tomar medidas”, en caso de que no se revea el artículo 71.

En rigor de verdad, se ve a las claras que la defensa de los dos tercios de los votos, es en realidad la voluntad de hacer más fuerte a la bancada opositora, encabezada por el partido Podemos, que cuenta sólo con 72 asambleístas. Su voluntad es trabar cualquier artículo incluido dentro del documento que no se corresponda con sus intereses, aún cuando la propuesta provenga de un gobierno elegido democráticamente y que representa a las mayorías.

Finalmente hay un tercer punto que irrita a varios sectores de la derecha, sobre todo a la denominada “media luna sediciosa”, que son aquellos estados que pretenden la autonomía. Se trata del proyecto del gobierno para modificar la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como INRA, e impulsar así el proyecto de reparto de tierras a familias pobres.

Los sectores del oriente rico, donde se concentran los bastiones de la derecha opositora, son los mismos sectores latifundistas que están en contra de las medidas agrarias impulsadas por el gobierno de Morales. Si bien sobre este tema no ha habido pronunciamientos concretos, durante la semana se realizaron varias movilizaciones de grupos indígenas al senado (donde la oposición controla la mayoría) para que se aprueben rápidamente las modificaciones a la ley.

La medida de romper el diálogo con el gobierno no es caprichosa. Tampoco lo son las amenazas de sedición, de cortes de rutas y las denuncias sin fundamento. Los seis departamentos opositores siguen su carrera para poner piedras en el camino de la gestión de Morales, y representan los fósiles de una vieja Bolivia que no se resiste a morir: la Bolivia de Sánchez de Losada, la Bolivia colonial, la Bolivia de la renta a favor de las petroleras y un pueblo hambreado. Mientras tanto, Evo Morales sigue ejecutando todo aquello que prometió en su asunción, y sigue haciendo aquello para lo que el pueblo lo votó: gobernar.