Lula
sigue siendo el favorito en las encuestas
Las últimas encuestas (Ibope y Datafolha) posteriores
al escándalo del intento de compra de un informe que
vincularía al favorito candidato opositor a gobernador
de San Pablo, José Serra, con la 'mafia' de las ambulancias,
indican que Lula sigue al frente de las preferencias con más
del 50 por ciento de los votos.
El intento de compra en 800 mil dólares de un informe
que relaciona al opositor socialdemócrata (tucano)
Serra con la 'mafia' de los 'chupasangre', como la bautizó
la prensa brasileña, fue repudiada por Lula y su nuevo
jefe de campaña, Marco Aurelio García, pero
este último pidió que también se investigue
la veracidad de ese dossier.
Se entiende el interés que concentra San Pablo: tiene
la población de Argentina y un PBI superior al de este
país (202 mil millones de dólares en 2004 contra
160 mil millones) y representa un tercio del Producto Bruto
de Brasil.
Pero además, no es un dato menor que Lula vote en San
Bernardo do Campo, uno de los municipios suburbanos del ABC
industrial de la ciudad de San Pablo, cuna de su surgimiento
como líder sindical y luego político al fundar
en esta última metrópoli el hoy gobernante Partido
de los Trabajadores (PT) en 1980, aún bajo la dictadura.
San Pablo fue también escenario reciente de varias
oleadas de violencia de una organización criminal con
sede en las cárceles del estado, el Primer Comando
de la Capital (PCC), que aterrorizaron a los paulistas y dejaron
más de un centenar de muertos.
Frente a estos hechos, el gobierno federal ofreció
la ayuda del Ejército y la Policía Federal,
rechazados por el actual gobernador Claudio Lembo, del derechista
Partido del Frente Liberal (PFL), que asumió el cargo
tras la candidatura de su antecesor, el socialdemócrata
y aliado Geraldo Alckmin, como aspirante a la presidencia
de Brasil.
Estos hechos pusieron la cuestión de la seguridad al
tope de la agenda preelectoral, y sus efectos políticos
no parecen claros: Alckmin, un médico católico
sin carisma que la prensa local vincula al Opus Dei, parece
haber sido afectado por esas olas de violencia y de la respuesta
no menos contundente de la policía estadual.
Sin embargo, Serra, candidato a gobernador de esa alianza
centroderechista, hasta ahora alcalde de San Pablo -cargo
que conquistó en 2004 al desplazar a la petista Martha
Suplicy-, sigue como claro triunfador frente al oficialista
Aloizio Mercadante, que sólo aspira a disputar una
segunda vuelta.
En las elecciones del 1 de octubre, casi 126 millones de electores
votarán, en casi todos los casos en urnas electrónicas,
27 gobernadores de otros tantos estados brasileños;
513 diputados y un tercio de los 81 senadores nacionales y
1.059 legisladores estaduales.
Las legislativas que se dirimirán el primer domingo
de octubre tienen una importancia central en la política
brasileña, porque los partidos tradicionales, en general
frágiles alianzas de caudillos regionales, salvo el
PT, única fuerza que elige todos sus candidatos en
elecciones internas, imponen una gran atomización en
el Congreso Nacional.
Además, el Legislativo es el poder más vapuleado
por las denuncias de corrupción. Las últimas,
referidas a la 'mafia de los chupasangre' afectó a
80 diputados de 10 partidos distintos.
Cuando Lula llegó al gobierno el 1 de enero de 2003,
pasó de tener una bancada de 59 diputados a 91, con
lo cual se transformó en el principal bloque de la
Cámara baja, pero sobre un total de 513 bancas.
Tejió una serie de alianzas que le permitieron tener
una base de 219 diputados, pero aún ese número
fue insuficiente para tener la mayoría absoluta (257)
En el Senado la situación del gobierno es parecida.
El PT subió en las elecciones de 2002 de 7 a 14 senadores,
pero sólo pudo constituir el tercer bloque en número,
entre 81 legisladores, y con aliados sólo llegó
a reunir 29 bancas.
Lula prometió una reforma política aún
incumplida, para evitar el hábito del cambio constante
de partido de los legisladores, que acentúa el desprestigio
del cuerpo; las alianzas sólo por intereses puntuales,
regionales o por cargos y el fuerte peso de los grupos de
poder, que reconocen todos los analistas políticos.
En alerta por la mudanza de Ence
Aunque sólo tiene el peso de un rumor, la posibilidad
de que la planta de celulosa de Ence sea relocalizada en Paysandú,
frente a la ciudad de Colón, tensó el clima
social en la costa entrerriana. En las dos localidades que
serían afectadas por el nuevo destino de la pastera
–Colón y Concepción del Uruguay–,
los vecinos reaccionaron organizándose para hacer caravanas
con las que sumarán a la protesta de mañana
de Gualeguaychú, en el Puente Internacional General
San Martín. Así, buscan hacer una demostración
masiva contra la reubicación de Ence dentro del área
del río Uruguay y por el retiro de Botnia en Fray Bentos.
La caravana interrumpirá el tránsito en la
frontera durante la tarde del domingo. Y marcará un
retorno de la protesta, que podría continuar con un
corte de ruta el fin de semana del 12 de octubre, próxima
fecha turística.
La versión del nuevo destino de Ence circula desde
mediados de la semana y es bastante disparatada. El problema
fue que ayer el jefe comunal de Paysandú, Julio Pintos,
se hizo eco de la posibilidad, mostrándose bien dispuesto
a que la pastera se radique en su tierra. “Es razonable
si se instala Ence aquí, porque es donde están
las mayores áreas forestadas de la empresa”,
le dijo al diario uruguayo El Observador. En Paysandú,
la empresa tiene dos oficinas administrativas y plantaciones
de eucaliptus.
El intendente de Colón, Hugo Marzó, se dijo
“muy preocupado” ante la posibilidad. “Realmente
es una mala noticia que esperamos no tenga asidero”,
le dijo ayer a Página/12. También el jefe comunal
de Concepción del Uruguay, Marcelo Bisogni, rechazó
la idea y anticipó que participará de la caravana
de protesta: “Si Ence se instala en Paysandú,
Colón y Concepción del Uruguay se mueren. Somos
ciudades turísticas”, definió. El gobernador
Jorge Busti evaluó que si se concreta el traslado “la
situación se agravaría”.
Ence se comprometió ante el gobierno uruguayo a presentar,
“en diez o quince días”, una propuesta
con los lugares alternativos. Según voceros de la compañía,
ya existiría un borrador que contempla tres destinos:
los departamentos de Soriano (al sur de Fray Bentos, también
fronterizo con la Argentina), Rocha (sobre el Atlántico,
que limita al norte con Brasil) y Paysandú.
La planta debe estar ubicada en una zona donde haya tierras
de prioridad forestal y además en el margen de un río
caudaloso. En el caso de Soriano, podría haber un sitio
con esas condiciones a la altura de la ciudad de Dolores,
en el sur de Fray Bentos, sobre el río Uruguay. Con
respecto a Rocha, se menciona al río Cebollatti.
Gustavo Antúnez, vocero del presidente Tabaré
Vázquez, aseguró que su gobierno todavía
no recibió ninguna propuesta, pero dijo que existe
el pedido de Ence de que, una vez definido el tema, la habilitación
se tramite con rapidez. Ayer, las acciones de la compañía
volvieron a caer, por segundo día consecutivo tras
confirmarse la suspensión de las obras de Fray Bentos.
En contraste con la alarma que se generó en Entre
Ríos, los trabajadores de Ence se mostraron escépticos
de que la empresa mantenga el proyecto de la pastera. Diego
Fau, delegado del personal, lo resumió así:
para reubicarse, Ence debería empezar de “menos
uno”, necesitaría obtener un nuevo permiso del
gobierno, un nuevo aval del Banco Mundial y, además,
el consentimiento argentino si quiere estar sobre el río
Uruguay. Por eso no puede elegir ningún punto de esta
frontera, pero tampoco del Océano Atlántico,
porque allí está la zona de playas y veraneo.
Mientras tanto, en Botnia el paro de los trabajadores entró
en su cuarto día. El origen del conflicto es la noticia
de que la firma contratará mil empleados europeos y
sólo doscientos uruguayos. Los voceros de la compañía
reiteraron que la planta “empezará a funcionar
en 2007, sin que se altere en absoluto el proyecto original”,
ya que el paso al costado de Ence “fortalece”
su posición en la zona.
Estrepitosa caída libre para la popularidad de Evo
La popularidad del presidente de Bolivia, Evo Morales, cayó
del 81 al 53 por ciento entre mayo y septiembre en las cinco
principales ciudades del país, según los resultados
de una encuesta de la firma británico-uruguaya Equipos
Mori.
El sondeo, cuyos resultados fueron entregados hoy a Efe,
muestra que la aprobación a la gestión de Morales
se situó este mes en un 53 por ciento, 28 puntos porcentuales
menos respecto a mayo pasado (81 por ciento), cuando decretó
la nacionalización de los hidrocarburos.
Esa medida, la más emblemática de su gobierno,
ha tenido varias dificultades para aplicarse plenamente, al
igual que el desarrollo de la Asamblea Constituyente con la
que se pretende refundar el país y que desde su inauguración
el 6 de agosto pasado no ha llegado a acuerdos.
El sondeo de Equipos Mori fue realizado entre el 10 y el
16 de septiembre en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba,
Santa Cruz y Tarija con entrevistas a mil personas, con un
margen de error de más/menos 3,09 por ciento.
Según la encuesta, septiembre es el cuarto mes consecutivo
que desciende la aprobación al presidente boliviano.
En junio se situaba en el 75 por ciento, en julio bajó
al 66 y en agosto al 64 por ciento.
Entre mayo y septiembre subió la desaprobación
a su gestión en esas cinco capitales del 15 al 41 por
ciento.
En ese mismo período, en la ciudad oriental de Santa
Cruz, la más próspera del país y sede
de organizaciones opositoras a Morales, la desaprobación
subió del 28 al 65 por ciento, en tanto que en la sureña
Tarija pasó del 26 al 61 por ciento, según los
datos de Mori.
Los líderes regionales y políticos cruceños
y tarijeños son aliados en su demanda de más
autonomía al Gobierno.
En cambio, en El Alto, vecina a La Paz, se mantiene alta
la aprobación al gobernante indígena con un
84 por ciento, aunque esa cifra es diez puntos porcentuales
menor a la de mayo.
En La Paz el respaldo es de 64 por ciento, pero muestra una
notoria caída frente al 91 por ciento de hace cinco
meses.
En la ciudad central de Cochabamba la aprobación también
es mayoritaria con un 58 por ciento, aunque perdió
27 puntos frente al dato de mayo pasado (85 por ciento).
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