Tabaré Vázquez: ¿De progre a mercenario?

Hoy obtuvimos el beneplácito del presidente Lula para continuar las negociaciones”, aseguró el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, tras la reunión que mantuvo, el pasado viernes, con su homologo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. El encuentro fue en Canoas, ciudad del estado Río Grande del Sur, y el motivo, debatir sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República Oriental del Uruguay y Estados Unidos.
Tabaré consiguió, en parte, lo que buscaba: el mismo permiso que le fue otorgado en 2004 para la firma de un TLC con México, en esa ocasión el Mercado Común del Sur (Mercosur) hizo caso omiso de las reglas del bloque regional formado en 1991, según las cuales no es posible la concreción de ningún tratado bilateral con un país externo al grupo.

Sin embargo, el resultado favorable de la reunión con Lula Da Silva, presidente temporal del Mercosur, no asegura el éxito definitivo de las tratativas con Washington, ni licencia total para estrechar relaciones comerciales con India y China. El gobierno uruguayo debe resolver primero, y sobre todo, las oposiciones y conflictos que este asunto despierta hacia el interior del país.

La central sindical PIT/CNT junto con la Organización de Jubilados y Pensionistas y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, por Ayuda Mutua entre otras organizaciones sociales, instalaron la Comisión en Defensa de la Soberanía, la cual funcionaría en la sede de Federación Ancan. Según declaraciones de Juan Castillo, secretario de Organización del PIT-CNT, el objetivo no es oponerse a la firma del TLC, sino informar al pueblo de Uruguay y dar cuenta de las similitudes que estos tratados poseen con el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Por su parte, militantes de la Columna Artiguista de Liberación y la Coordinación de Organizaciones Antiimperialistas, convocaron a una movilización en Montevideo, en la explanada de la Universidad, para expresar su desacuerdo respecto a la firma de un TLC con el país norteamericano. Encuentran en el gobierno de Vázquez un giro decisivo hacía políticas liberales, entre las que enumeran: “el envío de tropas a Haití, la participación en las maniobras Unitas (y su continuidad con otro tipo de ejercicios militares conjuntos), la instalación de las plantas de celulosa y la extensión del monocultivo de eucaliptus y el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos”.

Así mismo, grupos ambientalistas denuncian la amenaza real que existe sobre Uruguay, no sólo por la contaminación que indefectiblemente provocará la instalación de las papeleras, sino también por las consecuencias que acarrea el monocultivo. Delia Villalba, representante de un grupo ecologista de Fray Bentos, asegura que: “hay ocho o nueve plantas proyectadas ¿Ustedes se imaginan nuestras tierras con las plantaciones de eucaliptus y de pinos para abastecer a esas plantas de celulosa?” y luego sentencia: “estamos perdiendo la tierra y ya hay muchos lugares del país que están quedando sin agua”.

Aunque la superficie total de Uruguay no alcanza los 177 kilómetros cuadrados, este territorio resulta estratégico para Estados Unidos tanto por la biodiversidad como por su ubicación geográfica. Como es sabido, para la administración Bush el ingreso de Venezuela al Mercosur convirtió al bloque regional en una pieza impredecible en materia de política económica internacional. En tanto no sea posible la concreción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno norteamericano busca nuevos aliados que le aseguren el poderío en la región.

El gobierno uruguayo dio a conocer hace un par de días un informe de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, que integran los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Ganadería, Industria y Turismo. En el mismo se da cuenta de los beneficios que traerá para Uruguay la firma del TLC. Se destaca, sobre todo, un crecimiento del 200 por ciento en las exportaciones de carne y productos lácteos.

Los economistas y funcionarios que avalan este informe aseguran que aún quedan algunos puntos que aclarar, pero que en general la concreción de un TLC sólo traería beneficios para el pueblo uruguayo. Agregan que el país ya cuenta con otros tratados comerciales por fuera del Mercosur y que estos no han perjudicado la economía regional, sino todo lo contrario.

Frente a esto, el secretario del PIT/CNT Juan Castillo desmitificó tan buenos augurios y sentenció: “Uruguay ha aumentado el volumen de ventas de carne a Estados Unidos porque Canadá tiene problemas desde hace más de un año con la vaca loca, porque si no el primer compromiso de Estados Unidos es con Canadá”.

Así la ley forestal de 1987, las 800 mil hectáreas de monocultivo de eucaliptus y la instalación de las dos plantas de celulosa: la española ENCE y la finlandesa Bosnia, son las diferentes etapas de un mismo proyecto: convertir a Uruguay en un país productivo, ¿productivo para quienes?

El gobierno de Vázquez se cansa de nombrar los beneficios que esta alianza comercial provocará en materia de exportaciones e importaciones, pero nada dice respecto de las subvenciones estadounidenses a la producción del agro, ni menciona el tema de los servicios públicos y privados, compras gubernamentales y propiedad intelectual. El incremento sostenido en la venta de carnes, frutas y hortalizas es el emblema que levanta el presidente uruguayo para enfrentar a los opositores del TLC. ¿Qué dice el presidente de la industria del plástico? ¿Y de la farmacéutica?

Tabaré Vázquez no se cansa en repetir todas las restricciones que soporta el país en materia de intercambio comercial e incluso no cesa en sus reclamos frente al Mercosur por favorecer sólo a los dos grandes del bloque: Brasil y Argentina. ¿Pensará el presidente uruguayo que un TLC con Estados Unidos le abrirá las puertas al mundo y a la libre comercialización?

Como frutilla de la torta, la administración Vázquez dio a conocer la semana pasada un proyecto de reforma del Estado, el cual se aprobará en septiembre de 2007. A través de esta reforma el gobierno sostiene que llevará a delante la desmonopolización de las empresas públicas a fin de brindar un mejor servicio a la población. Pero este término, teniendo en cuenta las perspectivas de la política nacional uruguaya, suena más a privatización que desmonopolización.

Sensación que se mantiene aún después de leer argumentos como el presentado días atrás por un medio uruguayo: “Pero esa postura clara contra las privatizaciones no debe impedirnos ver la realidad y comprender que las empresas públicas, mantenidas en la esfera estatal, nos hacen pagar a los usuarios precios desmedidos por los servicios que brindan”, sostuvo el diario uruguayo La República.

América Latina enfrenta una vez más la política invasiva de Estados Unidos; sus aparentes prodigios y venturas, igual que aquellos consejos fascinantes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) dieran a los países subdesarrollados en la década del ‘90. Ese mismo BM que guió a Argentina hacia la tercierización de los servicios y las privatizaciones masivas, es el que hoy hace posible la creación de las papeleras sobre la costa del Río Uruguay.

Pero la decisión, el resultado de estas operaciones que llevan años, no está ni en las manos de Lula Da Silva ni en las de Tabaré Vázquez; aún menos en las de George Bush. Depende del pueblo uruguayo, de su lucha por la defensa de los recursos naturales, la soberanía y la industria nacional. Ecuador es testigo de la fuerza y poder de decisión y acción de los ciudadanos; ningún otro presidente estuvo tan convencido como Alfredo Palacios de la firma de un TLC. El pueblo resistió y hoy Ecuador no soporta ningún tratado bilateral, aunque es mejor decir: unilateral.

La conspiración infinita de George W. Bush

¿Quiénes son y por qué se quejan Thomas Kean y Lee Hamilton? Presidieron la comisión oficial investigadora de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington. Acaban de publicar el libro "Sin precedente: la historia interna de la comisión 11 - S" y sostienen que la Casa Blanca obstaculizó su trabajo con infinitas y variadas maniobras de ocultamiento.
Afirman también que el propio presidente George W. Bush y su vice, Dick Cheney, fueron y son los más empedernidos silenciadores de lo hechos, y que, en esa tarea, cuentan con el apoyo de un grupo de asesores encabezado por el actual secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, y por la mayoría republicana en el Congreso.

Fue Gonzáles el responsable de impedir que se investigue y discuta aquél informe del 6 de agosto de 2001, firmado por el entonces director de la Central estadounidense de Inteligencia (CIA), George Tenet. El título del informe en cuestión es "Ben Laden decidido a atacar en Estados Unidos" y, como ya se habrá notado, fue elaborado y elevado a Bush algo más de un mes antes de los atentados.

No pasará mucho tiempo hasta que Kean y Hamilton se animen a reconocer en público lo que ya muchas veces han admitido en conversaciones reservadas: si la comisión hubiese trabajado con total libertad, sin las obstrucciones planteadas desde la burocracia del Ejecutivo, los estadounidenses tendrían la confirmación de que los atentados del 11 - S fueron parte de la más macabra operación encubierta nunca antes planificada y ejecutada por un gobierno de Estados Unidos, dentro de su territorio.

Varios investigadores estadounidenses y de otros países han trabajado en los últimos años sobre ese tipo de hipótesis y constataciones. Entre ellos el prestigioso intelectual demócrata Gore Vidal, autor del libro "Dreaming Wars".

La primera de esas investigaciones publicadas fue la perteneciente a quien esto escribe. El libro "Bush & Ben Laden S.A." (Editorial Norma, Buenos Aires, noviembre del mismo 2001) sostiene y prueba que en la conspiración participaron en forma coordinada funcionarios de la Administración y los sectores más concentrados del sistema empresario corporativo con asiento en Estados Unidos.

Entre ellos, grupos del sector seguros, consorcios financieros - bancarios y para bancarios -, elementos rectores del complejo bélico industrial y hasta operadores oficiales dentro de la estructuras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los más activos autores intelectuales de los atentados fue el entonces número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, quien - no por casualidad - luego pasó a ejercer el cargo que aún ocupa, titular del BM.

En el diseño y puesta en marcha del plan participaron en forma directa Cheney, la por aquellos tiempos máxima jefa del Consejo Nacional de Seguridad y actual secretaria de Estado, Condoleezza Rice y el jefe de Wolfowitz, Donald Rumsfeld, quien continúa al frente de la secretaría de Defensa.

Como bien recuerda el libro "Los nuevos mandarines del poder americano", del académico Alex Callínicos, de la Universidad de York, Wolfowitz perteneció a los equipos de Richard Nixon Y Ronald Reagan, como embajador en Indonesia. Fue también el ideólogo de la invasión a Irak, en 2003, para que, como él dijo, "ese país deje de nadar en petróleo", y en silencio trabaja ahora en el diseño de la política de Washington en Irán.

Wolfowitz fue el discípulo preferido del "gran pensador" de la Guerra Fría, Albert Wohlstetter; estudió en la Universidad de Chicago y fue alumno también de Allan Bloom, "mentor espiritual" de la ideología neoconservadora o "neocon". Asimismo, con fuertes vínculos en la ultraderecha israelí, fue el arquitecto de la actual estratégica alianza que defiende Bush con Tel Aviv.

Durante la década del ´80, esos cuadros políticos de la ultraderecha estadounidense, casi todos ellos con el respaldo de organizaciones sectarias de fundamentalistas cristianos y judíos, comenzaron a trabajar en un diseño estratégico apoyado sobre los siguientes pilares.

Control de los resortes políticos de la Administración; despliegue militar a escala global; recuperación del control hegemónico absoluto de las grandes reservas de recursos naturales en todo el globo; reidentificación de "enemigos" (mundo árabe) y de "hipótesis de conflictos post Guerra Fría (guerra global contra el terrorismo"; definición y puesta en marcha de escenarios políticos y acciones propagandísticas tendientes a la generación de "opiniones públicas favorables, tanto doméstica como internacional, a la consigna confrontación total contra el terrorismo".

Programas de este tipo fueron comentados y elogiados desde publicaciones neoconservadoras como The Weekly Standard, dirigida por William Kristol, y se basan en los antecedentes doctrinarios de Leo Strauss, académico de la Universidad de Chicago, fallecido en 1973.

Uno de los discípulos de Strauss, Abram Shulsky, tomo algunos de los ejes teóricos de su profesor para construir la teoría de lo oculto. "La acción del gobierno, como gestor de alta política, debe propender a la búsqueda de consensos por medio de la mentira, entendiendo a ésta como propaganda, tanto desde el discurso como desde la acción, incluso cuando esta pueda aparentar ser opuesta a nuestros intereses y repugnante a nuestras conciencia", afirmaba Shulsky en una de sus tantas conferencias ubicables en la biblioteca de la Universidad de Chicago.

Shulsky inspiró a Rumsfeld cuando éste se decidió a crear, con el visto bueno de Bush, la llamada Oficina de Planes Especiales, aparato de poder que tomó estado público como orientador político de la invasión e Irak en 2003, pero que en realidad comenzó a operar en enero de 2001, con su primera misión: "conmover a la opinión pública estadounidense y mundial, para comenzar entonces con nuestra estrategia infinita y guerra global contra el terrorismo".

Nueve meses después el mundo vio en directo los atentados contra las Torres Gemelas gracias al don de ubicuidad -casi de carácter divino- que tiene la CNN. Las voces en privado de Kean y Hamiltón deberían convertirse en públicas. Y toda identificación entre los programas revelados en este artículo y las prácticas políticas del actual gobierno de Estados Unidos en el mundo - por supuesto también en América Latina - no es consecuencia de la casualidad.

Fuente: Diario sobre Diarios