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Jueves 7 de Septiembre de 2006
EL TRIBUNAL CONDENÓ LOS CORTES PERO NO SANCIONA A ARGENTINA

APM

La información difundida desde Montevideo es, como mínimo, confusa. Porque tanto la delegación uruguaya como la argentina sostienen que el Tribunal Arbitral del Mercosur –con sede en esa ciudad- falló en su favor. Y un principio lógico básico estipula que dos afirmaciones contrarias no pueden ser igualmente ciertas. Los medios charrúas sostenían que la Corte falló a favor de Uruguay, al afirmar que "estuvo ausente" el gobierno argentino para impedir los bloqueos de puentes en el verano pasado. Pero, de este lado del río de la Plata, la interpretación es distinta, ya que en ningún lugar se menciona que Argentina debe resarcir por los perjuicios económicos a su vecino.

El Tribunal carga con dureza contra los cortes de dos de los tres puentes sobre el río Uruguay –que sirve de límite a ambas naciones- y remarca que el Gobierno de Buenos Aires no tomó "las debidas diligencias" para que no se produjeran, pero evita sancionar al país porque considera que en el futuro actuará de buena fe para evitarlos.

Según la agencia oficial argentina Télam, el Tribunal Arbitral del Mercosur "no dio lugar" a la demanda uruguaya contra la Argentina y reconoció que el gobierno del argentino Néstor Kirchner actuó "de buena fe y de manera racional" para afrontar la situación.

El cuerpo tripartito que atiende controversias regionales "no dio lugar" al fundamento central de la demanda uruguaya, que estaba basado en una presunta "omisión" del gobierno argentino frente a los cortes producidos en el verano pasado.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez llegó a sostener en las sesiones de alegatos que "la disuasión no es suficiente" para circunstancias como las de los cortes y llegó a sugerir que la Argentina debió haber recurrir a la "fuerza" para ponerle fin a la situación.

El argumento principal de la delegación uruguaya es que los cortes a los dos puentes fronterizos le provocaron perjuicios –a raíz de la caída de las exportaciones- por 400 millones de dólares, y por lo tanto, el Estado argentino debía resarcir este daño.

El Tribunal ad hoc del Mercosur estuvo presidido por el español Luis Martí Mingarro y completado por los árbitros Carlos Barreira (Argentina) y José María Gamio (Uruguay).

El Uruguay tenía muchas expectativas en torno de este laudo, pues pensaba a partir de él recurrir a otros estamentos judiciales para demandar a la Argentina por "daños económicos" a cuento de los cortes.

La demanda de Uruguay es la contrapartida a la presentación por parte de Buenos Aires de una causa ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya (Holanda) por la instalación de dos plantas productoras de pasta celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay y que sirve de límite a ambas naciones.

La diplomacia argentina acusó entonces a Uruguay de haber violado el Estatuto del Río de la Plata al no informar sobre las instalaciones y no haber presentado los estudios de impacto ambiental que las radicaciones de la finlandesa Botnia y la española ENCE provocarían. Y pidió que la Corte suspenda las construcciones hasta que el estudio se realice por institutos imparciales. Pero el TIJ falló a favor de la posición uruguaya, y las instalaciones continuaron.

En este contexto, el fallo de la Corte del Mercosur puede definirse como salomónica.

En Brasil, por su parte, el Congreso aprobó la creación del Parlamento del Sur, por lo que ahora sólo resta que el Parlamento en Montevideo apruebe esta iniciativa, ya que tanto Buenos Aires como Asunción reafirmaron la iniciativa del bloque.

En ambas cámaras brasileñas fue aprobada también la creación de un Fondo Estructural del Mercosur, que va a estar dotado inicialmente de 100 millones de dólares y será utilizado para reducir las asimetrías económicas entre los socios del Mercosur, tal como reclaman Uruguay y Paraguay.

El documento que plantea la creación del Parlasur fue firmado en diciembre pasado, en Montevideo, por los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Protocolo establece que deberá instalarse antes del 31 de diciembre del 2006 y que estará compuesto por 18 diputados designados inicialmente por los Congresos de los cuatro países fundadores, pero a partir del 2010, los miembros deben ser elegidos por votación popular.


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LAS EXPORTACIONES DE ARROZ CRECIERON UN 20 POR CIENTO

En los primeros siete meses de 2006, los envíos sumaron 230.640 toneladas por 57,7 millones de dólares, un 20 por ciento más tanto en volumen como en divisas que las 132.396 toneladas por 47,9 millones de dólares del mismo lapso del año pasado, consignó el organismo sanitario.

El principal mercado para este producto fue Brasil, hacia donde se fiscalizaron exportaciones por 29,7 millones de dólares; seguido por Chile, con 14,4 millones de dólares; Haití, 4 millones; Puerto Rico, 3,6 millones y Senegal, 3,1 millones, entre otros mercados.

En todo 2005, el Senasa fiscalizó exportaciones de arroz por 360.110 toneladas por un valor de 88,2 millones de dólares.

NO HUBO ACUERDO Y LA NACION DEBERA VOLVER A FIJAR EL PRECIO DE LA YERBA

Por segunda vez en el año y quinta desde la creación del INYM en 2002, productores, molineros, industriales y los estados nacionales y provinciales no pudieron ayer conciliar posturas en torno a un precio justo y equilibrado.

En la última reunión del directorio de la entidad convocada especialmente para la discusión sobre el precio, los industriales rechazaron los valores consensuados por los demás sectores, 49 centavos por kilo de hoja verde.

Tras el nuevo fracaso, varios directores volvieron a cuestionar un apartado de la ley de creación del INYM, que exige unanimidad de parte de todos los sectores involucrados cuando se trata de modificar precios.

Los industriales argumentan que no podrán trasladar el incremento de los costos al precio final del producto por el acuerdo alcanzado con la Nación.

En cambio, los productores reclaman una pronta recuperación de los valores, posición compartida por el gobierno misionero.

La postura del gobierno provincial "sigue siendo el de llevar a 55 centavos el kilo de la hoja verde para compensar las pérdidas sufridas históricamente por el sector de la producción primaria", aseguró el representante misionero en el INYM, Ricardo Maciel.

Hasta el 30 de septiembre, el kilo de hoja verde puesta en secadero es de 42 centavos y el kilo de yerba mate canchada es de 1,60 peso, según fijó a fines de abril la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).

DÓLAR MÁS ARRIBA, CON EL IMPULSO DE MICELI

En la misma semana en que Felisa Miceli pronunció tres discursos defendiendo el tipo de cambio alto, el dólar trepó a 3,12 pesos para la venta en las casas de cambio, su nivel más alto en tres años y medio. La misma situación se verificó en el segmento mayorista, donde el billete verde se cotizó a 3,1020 pesos. El Banco Central convalidó la suba efectuando compras en el mercado, por alrededor de 40 millones de dólares.

La última vez que el dólar costó 3,12 pesos fue el 17 de marzo de 2003 y en un contexto muy distinto al actual: la cotización, luego de tocar un techo de 4 pesos el año anterior, venía en franco retroceso. El alza de esta semana se dio por una combinación de factores: una mayor demanda de divisas desde el sector privado, la disminución en la liquidación de los exportadores y la continua intervención del BC.

Algunos grandes operadores del mercado interpretaron que la insistencia de la ministra de Economía en la necesidad de sostener el tipo de cambio en términos reales y los discursos de Martín Redrado a favor de la política de acumulación de reservas podrían traducirse en una suba del dólar. Aunque en forma paulatina, el billete verde viene escalando: fueron tres centavos en las últimas dos semanas. Más que ponderar la magnitud del ajuste en términos nominales, los financistas destacan que, al contrario de otras oportunidades, esta vez el Central hizo fuerza para que la cotización de la moneda estadounidense se mantuviera por encima de la barrera de los 3,10 pesos por primera vez en más de tres años.

En efecto, el Central está jugando fuerte. Tiene como objetivo completar lo antes posible los fondos que se pagaron a principios de año al FMI. Ayer, las reservas alcanzaron los 27.492 millones de dólares. Le quedan juntar tan sólo 627 millones. En la city no tienen dudas de que Martín Redrado se mantendrá muy activo en el mercado hasta lograr ese objetivo.

El hecho de que el Central siguiera comprando a pesar del repunte hizo que los bancos se pusieran a la defensiva, expectantes de los movimientos de la autoridad monetaria. Las entidades financieras, que hasta hace unos días mostraban un perfil vendedor, se pasaron del otro lado del mostrador. Algunas de ellas porque esta tarde participarán de la licitación del Bonar VII, un bono por 500 millones de dólares. Desde el Central, no obstante, verificaron que ayer se dio un movimiento “en manada” de parte de grandes bancos, que no quieren quedarse afuera de un mayor repunte del billete verde.

Los exportadores también juegan su rol. Si bien las liquidaciones cayeron desde sus picos, por una cuestión estacional, a un promedio diario de entre 30 y 40 millones de dólares, en las últimas 48 horas las compañías restringieron todavía más la oferta. Especulan con subas adicionales del tipo de cambio. Cerca de Redrado aseguraron a Página/12 que el alza del dólar “no preocupa” y confirmaron la estrategia de acumulación de reservas, que la semana pasada había sido revalidada por el titular de la autoridad monetaria.

En el Banco Central admitieron, ante una consulta de este diario, que si se retirasen del mercado, el dólar “caería al subsuelo”. El último fin de semana, Miceli estimó que, sin la intervención del BC, la cotización se replegaría hasta los 2,30 pesos. En algunos bancos privados calculan que, en el actual contexto, el dólar podría valer 3,15 pesos hacia fin de año.

Estos movimientos alcistas del dólar favorecerán la colocación de un nuevo título de deuda que Economía tiene previsto para esta tarde. Se trata de un Bonar a siete años de plazo, por 500 millones de dólares, con vencimiento en septiembre de 2013, y que pagará intereses cada seis meses. Si bien la Argentina tiene cubiertas las necesidades financieras de este año, el Gobierno quiere juntar fondos para pagar los compromisos del año próximo. Este es un buen momento para salir al mercado porque ayuda el contexto internacional. El riesgo país se encuentra en mínimos históricos, alrededor de 300 puntos, por lo que la operación implicará una tasa de interés cercana al 8 por ciento anual. No se descarta que, si se mantienen las condiciones actuales, Economía disponga de otra emisión en el corto plazo, pero con un bono a 10 años.

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Fuente: Diario sobre Diarios

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