Indígenas del Chaco argentino ganaron una batalla

El gobierno de la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, y el Instituto del Aborigen Chaqueño acordaron que se lleva a cabo la titularización de tierras donde viven comunidades indígenas. Además se revisaran las ventas de terrenos fiscales a particulares.
El convenio puso fin a la huelga de hambre que durante 31 días realizaron nueve aborígenes mocovíes, wichis, tobas y de otras etnias en el cuarto piso de la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de Resistencia. El 21 de julio los manifestantes decidieron acampar frente a la casa de gobierno luego de más de 40 días de espera de una solución oficial.

El acuerdo llegó en el límite de la resistencia física de los huelguistas ya que tres de ellos fueron hospitalizados durante los últimos días debido al deterioro físico que sufrieron.

En tanto los nueve aborígenes que mantenían la huelga de hambre comenzaron tras la rúbrica del convenio, a ingerir alimentos sólidos en base a una dieta prescripta por un médico de la comisión provincial de Derechos Humanos.

Los ministros de Gobierno, Hugo Matkovich, y de Economía, Roberto Dell`Orto, suscribieron con el director del IDACh, Orlando Charole, el documento que normalizará la ocupación de 140 mil hectáreas habitadas por los aborígenes.

El entendimiento marcó además el fin del campamento aborigen instalado hace tres meses en la plaza 25 de Mayo y en inmediaciones de la sede gubernativa.

Charole presidió el acto de levantamiento de las carpas, en el que pronunció un extenso discurso de agradecimiento a "los que hicieron posible este triunfo de los aborígenes".

"Los niños tobas, matacos y mocovíes que nacerán en las tierras recuperadas les estarán eternamente agradecidos", expresó Charole desde la explanada de la Casa de Gobierno.

Al abandonar el edificio, los huelguistas Inocencia Charole (hermana del director del IDACh) y Leandro Pérez expresaron su satisfacción por las respuestas obtenidas, pero advirtieron que no permitirán que "esta lucha haya sido un esfuerzo en vano".

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en Argentina hay unos 400.000 indígenas pertenecientes a 20 etnias diferentes. En particular en Chaco viven 60.000 de ellos que conforman los pueblos toba, mocoví y wichí. Allí se registran los índices más elevados de pobreza e indigencia del país.

La huelga había comenzado el 21 de julio tras un mes de infructuoso diálogo entre el gobierno provincial y los dirigentes indígenas. Ese día, las autoridades entregaron una propuesta que no satisfizo las peticiones de las comunidades, entonces los representantes aborígenes decidieron permanecer en la sede gubernamental e iniciar la medida de fuerza.

El acuerdo entre el gobierno provincial y lo indígenas pone algo de justicia al reparto de la tierra a las comunidades originarias. Según el no gubernamental Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela, de los 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en esa provincia en 1995, quedan apenas 660.000. Sin embargo, las comunidades, que por ley debían ser las principales beneficiadas, quedaron fuera del reparto.

El compromiso incluye la titularización de esos campos ubicados en la provincia, la entrega de tierras fértiles y viables desde el punto de vista productivo, además de la revisión de ventas a particulares consideradas sospechosas. También se acordó un aumento del presupuesto del Instituto de Aborigen.

El Mercosur y el empleo como pilares de campaña

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, decidió apoyar su discurso de campaña en los logros hacia dentro de Brasil y en su política exterior de integración regional y de distanciamiento las usinas ideológicas neoliberales, que lograron pleno consenso en la década del noventa.
En los últimos días, donde los candidatos a las elecciones presidenciales del 1° octubre aumentaron sus apariciones públicas, Da Silva sentó, a grandes rasgos, las bases de su plataforma: no al Fondo Monetario Internacional (FMI); no al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sí al Mercado Común del Sur (Mercosur); generación de empleo; aumento del consumo; estabilidad económica y cierta dureza con la oposición.

En primer término, en un acto con sindicalistas en la zona oeste de San Pablo remarcó que su Gobierno terminó, “sin odio”, con las “intromisiones” del FMI en agenda económica y política del Estado.

En diciembre del año del pasado, Da Silva anunció que su administración anticiparía para el 2005 el pago de 15 mil millones de dólares al FMI por papeles y obligaciones que vencen en 2007. En su momento, la decisión tuvo su justificación en la idea de fortalecer el sector externo y la macroeconomía.

Da Silva llamó a la concurrencia a recordar que, cuando él asumió en 2002, la mayoría de la gente gritaba “fuera FMI”. “Bueno, el Fondo ha desaparecido de nuestra vida cotidiana sin la necesidad de que alguien se pusiese a gritar”, se jactó el mandatario ante un público que le era afín.

Según el líder fundador del Partido de los Trabajadores (PT), cuando se dio cuenta de que tenía el dinero suficiente para cancelar la deuda, llamó al presidente del FMI y le dijo: “queremos devolver el dinero que es de ustesdes y hacer las cosas con libertad”.

Da Silva también puso el acento en la integración regional al expresar que “no existe más la discusión sobre el ALCA por que Brasil ha fortalecido el Mercosur, lo que ha sido fundamental para la creación del G20 (países en desarrollo), la única alternativa para cambiar la geografía comercial de mundo”.

En ese marco, Da Silva dejó entender que uno de sus pilares de campaña será el lanzamiento de un fuerte programa de generación de empleo, una de las principales demandas de la sociedad brasileña. Los anuncios irán acompañados de fuertes críticas al ex presidente Fernando Enrique Cardoso, que en nombre del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) dirigió el país en los dos períodos anteriores (1995-2002).

El objetivo de Da Silva para un eventual segundo mandato es llegar a la creación total de diez millones de puestos de trabajo; teniendo en cuenta que lleva seis millones desde que asumió la envestidura.

También aprovechó para responderle los críticos de su campaña electoral, a los cuales les aclaró que “no fue concebida para agradar a sus adversarios, sino para llevar un mensaje a la población”.

Es que algunos medios periodísticos, con el evidente propósito de crear desgaste entre el Partido de los Trabajadores (PT) y su candidato, llamaron la atención sobre los avisos publicitaros de la fuerza, donde Da Silva no utiliza el color rojo ni la bandera partidaria.

Da Silva se justificó al advertir de que hay otras banderías detrás de sus discursos y propuestas, ya que junto al PT está el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Comunista de Brasil (PCdoB), que conforman la coalición Fuerza del Pueblo, que impulsa su candidatura.

En tanto, afirmó que está orgulloso del PT porque él lo creó y apuntó que "todo el mundo sabe que yo soy del PT, que el PT tiene una bandera roja, que soy la cara del PT y que el PT es mi cara, por lo que el partido está en la campaña; pero decidí hablar de lo que hice porque tengo cosas que mostrar, otros no pueden hacerlo”.

El tema de la inseguridad es uno de los que Da Silva se propone discutir próximamente con su principal oponente, Geraldo Alckmin, candidato que representará en los comicios de octubre al PSDB y es apoyado por Partido Frente Liberal (PFL).

Aunque el PSDB puso énfasis en proponer acciones para mejora la seguridad, resulta ser el costado más débil de Alckmin, responsabilizado de haber dejado un caos en esa materia en el Estado de San Pablo después de dos mandatos como Gobernador, cargo que dejó en las manos de Claudio Lembo –del PFL- para dedicarse de lleno a la actividad proselitista.

Al final de su ruta de exposición, Da Silva afirmó que la estabilidad económica y los bajos niveles de inflación aumentaron el poder de compra de los ciudadanos. “El brasileño está pudiendo comprar más ahora. El país está creciendo, pero puede avanzar mucho más si me dieran la chance de un nuevo mandato”, aseveró el plenipotenciario.

Los productores argentinos se hacen escuchar

El reclamo para 2007 del 2º Foro Nacional de Agricultura Familiar fue concreto: recibir en asignación un presupuesto de 1.284 millones de pesos y la creación de una Subsecretaría de la Agricultura Familiar. El evento se realizó el jueves y viernes pasado en el predio de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, organizado por más de 420 organizaciones que agrupan a pequeños y medianos productores que practican la Agricultura Familiar (AF).

Si repasamos los hechos, el 30 de mayo pasado, el Foro se entrevistó con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA), Miguel Campos, para peticionar que la AF sea integrada en las políticas de Estado. Como contrapartida, el funcionario les propuso que en un plazo de 50 días debían consensuar un proyecto de Ley de AF para integrarlo al proyecto de Presupuesto Nacional 2007 y elevarlo a la consideración del Congreso Nacional.

El Foro concretó su Plenario para elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo en tiempo y forma. Según un documento entregado por el Foro, “se ha recibido también la visita de funcionarios del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en este caso los responsables del nuevo Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) y de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social (del Ministerio de Planificación Federal)”.

Es así que en el predio de Parque Norte, más de 1.200 delegados que representan a unas 250.000 familias rurales de toda la geografía cerraron el trabajo que habían comenzado a fines del año pasado con un documento que, salvo algunas correcciones formales, ya estaba consensuado. Los participantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar piden que se les otorgue un presupuesto de más de 1.200 millones de pesos en 2007, y que se cree la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el mediano plazo, mientras que en el largo plazo se sugiere la creación del Ministerio de Asuntos Agropecuarios, Pesca y Agroindustrias.

En la apertura del plenario, el jueves, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, saludó a la concurrencia y destacó que "es importante que el Estado haya abierto este lugar, para que podamos plantear los ejes de la agenda de lo que el Gobierno tendrá que hacer para terminar con 100 años de olvido de los pequeños productores”.

Tras la apertura, le tocó el turno al Subsecretario de Agricultura de la Nación, Javier De Urquiza, representante del Poder Ejecutivo. "Estamos culminando hoy con un proceso donde el documento a entregarse transmita ese trabajo, para que el Estado tenga una política pública de Agricultura Familiar", dijo el funcionario, tras lo cual agregó que "a partir de ahora ese va a ser el desafío. Los chispazos pueden tener dos consecuencias: iniciar un incendio o, como en una bujía, detonar el arranque de un motor. Este proyecto es de todos".

Por su parte, Pedro Cerviño, de la FAA, fue quien convocó al trabajo en talleres. Tras agradecer a las autoridades nacionales, a los participantes, al INTA y a los distintos IPAF, llamó a que los participantes se agruparan en cuatro temas o talleres de trabajo: Caracterización de la Agricultura Familiar y Salud, Fortalecimiento de las Organizaciones y Servicios de Apoyo a la AF, Reforma Agraria e Institucionalidad, y Políticas Diferenciales para la AF.

Entre los considerandos, el documento sostiene que "para desarrollar y aplicar políticas diferenciales hacia la Agricultura Familiar, el Estado debe reconocer a los productores familiares como sujetos indispensables del desarrollo igualitario, productivo y económico, que impulse un Estado democrático, equitativo, multiétnico y pluricultural, que garantice a su vez la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, el agua y recursos naturales, con sustentabilidad ecológica, económica y social”.

Más adelante, se sostiene que para garantizar la implementación "de una política de Desarrollo Rural Integral es necesario plantear definitivamente (sic) la creación de un espacio institucional con rango de Ministerio", donde concretar las políticas del sector. En este sentido, el documento explica que, a mediano plazo, es imperante crear el Ministerio de Asuntos Agropecuarios, Pesca y Agroindustrias, con una Secretaría de Desarrollo de la Agricultura Familiar.

También destacan la necesidad de crear un Registro Nacional de Productores Familiares "como instrumento básico para la ejecución de las políticas específicas" dirigidas a la AF.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2002, la AF ocupa el 18 por ciento de la superficie total cultivada del país y su labor representa el 19,3 por ciento del valor bruto de la producción nacional. Del total de productores o socios que trabajan en explotaciones agropecuarias, el 71,4 por ciento está ligado a la AF.

El viernes, día del cierre del Foro, contó con la presencia del titular de la SAGPyA, Miguel Campos, quien momentos previos al inicio del acto de cierre declaró a APM que “la entrega del documento es el punto de partida para que esto quede como institución”.

Ante una concurrencia de casi 2000 personas Buzzi arengó a los representantes del Estado como “los que tienen la capacidad de poder resolver y construir una perspectiva distinta”.

El dirigente enfatizó la voluntad política de la Secretaría en cuanto a la realización del Foro y destacó que se avanza a una forma mucho mas profunda de disputa. También manifestó la necesidad de dejar de delegar al mercado la organización de la economía y la producción agropecuaria.

Más adelante habló de la necesidad de decretar la colonización de tierras que permita “volver de lo urbano a lo rural”, y expresó que hay que ponerse de acuerdo en el mecanismo para lograr este cometido.

“Si los sectores de derecha siguen haciendo operativos a través de los multimedios de prensa, no tengan ninguna duda de que de la misma manera (…) nos movilizaremos para reclamar. Si se toma la decisión de avanzar en el camino de las transformaciones profundas que hacen falta en la Argentina, no vamos tener ninguna duda en movilizar para respaldar”, resaltó el titular de FAA.

Luego de la lectura del documento final, le tocó el turno al representante del Estado para hablar ante la audiencia. En primera instancia Campos, ensalzó la capacidad de movimiento y la creación del Foro y destacó la inclusión de todos los sectores en la construcción de un nuevo proyecto de país. Y resaltó que “la única manera de transformar este país en uno desarrollado, es entendiendo que el sustento está de donde venimos, la tierra”.

Aclaró que este emprendimiento es un primer paso, y dijo que el gobierno trabaja actualmente para obtener mayor equidad e inclusión.

En cuanto a la propuesta de documento final, el Secretario manifestó: “No me queda más que decir, acepto esta apuesta, acepto esta propuesta”.

En medio de una marea de aplausos, seguidamente Campos bajando de algún modo la efusividad de los concurrentes, aclaró diciendo “prometemos analizarla”, y que se trabajará en torno a la propuesta del documento desde las posibilidades del gobierno.

Cabe destacar que fue bastante reacio en cuanto a la creación de un Ministerio o cualquier figura similar. Pero destacó que la decisión esta tomada para articular los diferentes programas para llegar a todo el país. Lo llamativo del discurso, es que no mencionó en ningún momento una Reforma Agraria, un punto central del documento y además mencionado por Buzzi en su discurso.

Una vez finalizado el acto de cierre, APM dialogó con el presidente de la Federación Agraria, quien dijo: “Dimos un pequeñísimo paso en la historia agraria argentina”.

A su vez, se mostró contento al saber la puesta en marcha del proyecto y destacó que entre el Estado y la sociedad civil, entraron en un nuevo esquema de funcionamiento. Pero dejó en claro, que si se tiene que “salir de ruta” para reclamar, lo harán.

Buzzi reconoció que con el Gobierno existe buen dialogo, pero enfatizó en que las soluciones aparezcan. En cuanto a la respuesta del Gobierno en torno a las peticiones del documento final, reconoció que van a pasar muchos años para implementar todos los puntos mencionados.

Un punto muy importante que destacó Buzzi es la creación de una Subsecretaría, que cuente con recursos para poder generar los cuadros que se necesitan, para que sirva como un instrumento para tener lugar en el diseño de la política. En base a esta prioridad manifestó que se podría lograr en un plazo de tres meses.

“Hay cosas que van a llevar tiempo, porque son pulseadas con el poder. Y hay cosas que se pueden resolver, que son administrativas, si hay la decisión política de hacerlo”. Hay que esperar los próximos meses”, concluyó.

Ahora, la palabra la tiene el Congreso de la Nación. De ellos depende que esta iniciativa democrática se plasme en una ley nacional que ponga a los agricultores familiares en el lugar que se ganaron.

Oye latino, sonríe que Dios te ama

En Estados Unidos, Dios es blanco, protestante y racista, y si no que le pregunten a los inmigrantes latinoamericanos que viven en Hazleton, Pennsylvania, a escasos 200 kilómetros de Nueva York. Allí avanza, como globo de ensayo, la nueva estrategia que comparten republicanos y demócratas a la hora de imponer sus políticas discriminatorias.
Y por favor no vengan con eso del 11-S y la paranoia de los que se creyeron seguros, porque quien recorrió las calles de esa ciudad del Este profundo antes de los atentados contra las Torres Gemelas no pudo sorprenderse al enterarse, esta semana, que las autoridades locales legalizaron la persecución étnica y cultural.

Hace un mes, la legislatura de Hazleton aprobó una ley bautizada "de alivio contra la inmigración ilegal". Se trata de una norma que ordena la inhabilitación de las empresas que empleen indocumentados, grava con multas a todos aquellos que alquilen viviendas a los extranjeros que no acrediten su debida residencia y prohibe el uso de toda lengua que no sea el inglés en los establecimientos oficiales.

En un intento fallido de negar su racismo, el alcalde de esa ciudad, el republicano, blanco y protestante Lou Barletta - enérgico defensor de la disposición - dijo, "no me opongo sólo a los inmigrantes ilegales de origen latino sino a todos, procedan de donde procedan".

Resulta que el 35 por ciento de las aproximadamente 30 mil personas que habitan en Hazleton son inmigrantes llegados desde América Latina, casi todos trabajadores que permitieron un crecimiento económico en al área de cerca del 20 por ciento en la última década. Sin embargo, el bueno de don Lou abundó acerca de su espíritu de tolerancia y dijo, "los inmigrantes latinoamericanos no influyeron en la bonanza económica sino en el incremento del delito".

Pobre alcalde, ni las cifras federales sobre pobreza y población carcelaria lo acompañan. Según estadísticas de Washington correspondientes al año pasado, el 73 por ciento de los habitantes de Hazleton con bajos ingresos pertenecen a la comunidad de inmigrantes, mientras que el 69,7 de la población carcelaria de ese mismo distrito es WASP (blanca, anglosajona y protestante, según la sigla en inglés).

Conforme informaron distintas agencias internacionales de noticias, algunos de los políticos republicanos que apoyaron la llamada ley "de alivio" intentaron justificar su sanción con argumentos bien conocidos: después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los estadounidenses estarían muy preocupados por la presencia de un número creciente de extranjeros en el país, todos posibles "terroristas".

Sin embargo, entre 1998 y 1999, la población de inmigrantes en Hazleton tuvo flujos y reflujos debido justamente al maltrato sistemático y consentido por las autoridades al que eran sometidos los trabajadores dominicanos, portorriqueños y salvadoreños.

Estos llegaban atraídos por la intensa actividad que ofrecía una ciudad propicia para el descanso de fin de semana de los sectores medios acomodados, gracias a sus parajes turísticos de montañas y centros de pesca, cercanos a la gran urbe neoyorquina.

Algunos podrían preguntarse por qué prestarle tanta atención a lo que sucede en una pequeña ciudad del interior estadounidense, siendo que ello no necesariamente debiera ser tomado en cuenta como conducta generalizada a nivel nacional.

Error. Organizaciones de derechos humanos como la Unión e Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y Proyecto para el Derecho de los Inmigrantes reaccionaron con firmeza no sólo por el carácter inconstitucional de la norma (la cuestión migratoria es de competencia federal, nunca estadual y mucho menos comunal), sino porque consideran que si los tribunales de justicia no la inhabilitan, la misma sentará el precedente que busca la administración del presidente George W. Bush para desplegar leyes de similares características sobre todo el territorio nacional.

Como bien tuvo que reconocer el diario argentino La Nación - habitual portavoz de los intereses estadounidenses en este país -, "en la últimas semanas la Casa Blanca y los políticos republicanos y demócratas han centrado el debate (migratorio) en cada distrito, para esquivar así una posición nacional que podría restarles millones de votos en las elecciones de noviembre próximo, las que definirán el futuro de la administración Bush, las mayorías legislativas en ambas cámaras del Congreso y las gobernaciones de 36 estados".

Esa estrategia tendiente a descentralizar el programa discriminatorio y racista que comparte el sistema corporativo político de Estados Unidos ya está encontrando eco en varias regiones, como Idaho, Florida y California.

Parece ser que el sistema de poder entronizado en Washington - una combinación explosiva de fundamentalistas cristianos de derecha, directores de grandes corporaciones e integrantes de la camarilla neoconservadora - aplican a los sectores menos favorecidos de la sociedad estadounidense la misma lógica con la que operan en su política hacia América Latina.

Así como la administración Bush aspira llegar a cumplir la estrategia ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) mediante una sumatoria de Tratados (TLC) bilaterales, de la misma forma - y con la complicidad de un sector cada vez más numeroso del partido Demócrata - pretende someter a los estadounidenses a un régimen de "neo apartheid" contra los inmigrantes, mediante el sistema extendido de leyes locales de carácter discriminatorio.

Del otro lado del Atlántico, los socios de Estados Unidos en el modelo capitalista - imperialista del siglo XXI, no se quedan atrás, pues el Imperio Global Privatizado (IGP) sólo contesta con represión a la pobreza y marginación que el mismo sistema necesita generar, para garantizar sus pretensiones de reproducción hasta el infinito.

Movilizados por la ola de inmigrantes africanos que buscan mejores condiciones de vida en el llamado Viejo Mundo, los gobiernos y principales partidos de la Unión Europea (UE) - sensibles a las demandas de la sociedad opulenta- apenas si atinan con programas policiales de seguridad fronteriza.

Así por ejemplo, la llegada, durante el pasado fin de semana, de casi 2.000 indocumentados a las islas Canarias y de otros mil a la isla de Lampedusa (Italia) hicieron que los gobiernos de Madrid y Roma adoptaran medidas "urgentes".

¿Cuáles fueron esas medidas? Según coincidieron agencias internacionales y periódico europeos, simplemente acordar con gobiernos de Africa - de Senegal y Mauritania, entre otros - un programa de asistencia gubernamental de aproximadamente 25 millones de dólares para que el trabajo sucio de detención y apresamiento de los inmigrantes se lleven a cabo en los países de origen.

Si esas medidas no logran con el cometido deseado, advirtieron las autoridades europeas, la respuesta será aun más severa.

En ese sentido, una de las voces más violentas fue la del vicepresidente del Senado italiano, Roberto Calderoli, quien fiel representante de la derechista Lega Norte, dijo: "una salva adelante, una salva atrás, al límite de las aguas territoriales, y verán que no sólo las naves (balsas y lanchas en las que mueren decenas de personas en el intento de alcanzar costas europeas) volverán hacia atrás, sino que no partirán más, sabiendo lo que les espera".

Lo relatado en este artículo es un ejemplo más del "fascismo silencioso" que están poniendo en práctica las llamadas "grandes democracias de Occidente".

Fuente: Diario sobre Diarios